Ley de Diligencia Debida Alemán

Diligencia Debida: una realidad normativa en la Agenda de Derechos Humanos y Empresas 

Texto por: Ana Laura Figueiredo

En esta nueva serie del blog vamos a abordar la diligencia debida, incorporada por los Principios Rectores de la ONU, y algunas normativas aprobadas o en discusión que se volvieran referencia para el estudio del tema y buscan transformar su aplicación. Por lo tanto, vamos a analizar la Ley Francesa de Vigilancia (Loi de vigilance), la Directiva de la Unión Europea (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence), la Ley de Diligencia Debida Alemán (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains) y, por fin, otros instrumentos normativos que pretenden abordar la responsabilización de la cadena de valor más allá de la  diligencia debida, por ejemplo el PL 572/2022, tópico de otra serie en la que explicamos la Agenda Nacional y su proceso de construcción.

En este post analizaremos la Ley de Diligencia Debida Alemán (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains) que está directamente involucrada con el nuevo proyecto de Homa, el desarrollo de la investigación «Repercusiones de la Ley de Diligencia Debida Alemán en Brasil» que cuenta con financiación de la Embajada de Alemania.

Antecedentes 

En 2016, Alemania estableció su Plan Nacional de Acción para interiorizar los Principios Rectores de John Ruggie, normas voluntarias que regulan el tema de Empresas y Derechos Humanos. Sin embargo, tras una encuesta realizada por el gobierno, que reveló que sólo entre 13% y 18% de las empresas cumplían las disposiciones, se hizo patente la necesidad de adoptar una normativa vinculante al respecto. Así, la Ley de Diligencia Debida Alemán se ha estructurado gracias a la influencia de propuestas y leyes vigentes en la materia por el continente europeo, como la Ley de Vigilancia francesa, ya analizada en otro post. Es importante decir que la promoción de la ley se debió en gran medida a las articulaciones de sectores estatales y a la gran movilización de la sociedad civil que se quedó conocida como la «Iniciativa de Septiembre». Así, la ley alemán fue aprobada por el Parlamento en junio de 2021 y entrará en vigor en enero de 2023. 

Aplicación y alcance de la Ley 

En cuanto a su aplicación, el texto abarca a las empresas que tienen su sede o filiales en Alemania, lo que incluye a las registradas en el extranjero y también a las filiales de empresas alemanas establecidas en otros países, y alcanzará a la cadena de suministro, es decir, a las empresas proveedoras directas o indirectas. Referente al número de empleados, en 2023 la ley alcanzará a las empresas con al menos 3.000 empleados, cifra que se reducirá a 1.000 a partir de 2024, lo que inicialmente apunta al marco de 600 empresas alemanas. 

Cabe mencionar que el instrumento es amplio en cuanto al alcance de los derechos humanos y del medio ambiente cubiertos. Sobre los derechos humanos, se prevén el trabajo infantil, el trabajo forzado, la esclavitud y trabajos similares, el incumplimiento de las normas de seguridad laboral, el incumplimiento del derecho de libre asociación, la discriminación de empleados y trabajadores, la denegación de una remuneración digna, las violaciones de los derechos humanos relacionadas con daños medioambientales, el traslado ilegal de personas y la apropiación ilegal de tierras, bosques y agua y, por último, el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. En cuanto al medio ambiente, el ámbito de aplicación es limitado y preocupa la contaminación del suelo y el agua por actividades en las que se utiliza mercurio. 

Obligaciones de diligencia debida 

De las obligaciones enumeradas, las empresas deben establecer un sistema de gestión de riesgos; designar a un responsable en la empresa; analizar los riesgos periódicamente; emitir una declaración política; establecer medidas preventivas en su propia área de negocio y con respecto a los proveedores directos; adoptar medidas correctoras; establecer un procedimiento de reclamación; aplicar las obligaciones de diligencia debida en relación con los riesgos de los proveedores indirectos; y documentación e informes. 

La ley también establece la creación o adaptación de un canal de denuncias que respete la confidencialidad, la elaboración de un informe anual de diligencia debida que debe estar disponible de forma gratuita y fácilmente accesible, además de prever medidas sancionadoras en caso de incumplimiento, como la prohibición de participar en licitaciones y contratos públicos durante un máximo de 3 años y multas. Por otro lado, la ley no prevé ningún tipo de responsabilidad en el ámbito del derecho civil, quedando a la espera de procedimientos judiciales en otros ámbitos.

Puntos sobre la aplicabilidad  

Algunas cuestiones de la ley son tratadas con cierto temor por la sociedad civil y por quienes esperan el inicio de su aplicación, ya que, como se ha dicho, la ley no puede generar responsabilidad civil y las sanciones previstas son administrativas, como multas y exclusión de contratos públicos. 

Otra cuestión está relacionada con los puntos principales para el alcance de la cadena de suministro, que son la zona de operaciones, los proveedores directos y los proveedores indirectos. El problema radica en la responsabilidad de los proveedores indirectos previa prueba de un conocimiento sustancial por parte de la empresa matriz, lo que puede generar cierta inseguridad debido a la falta de precisión del término.   

Por último, es importante tener en cuenta cómo funcionará la BAFA, que es la Oficina Federal Alemán de Economía y Control de las Exportaciones, ya que la ley la designa como responsable de auditar los informes elaborados por las empresas, aunque no sea específica de derechos humanos. Además de esta función, la BAFA también puede llevar a cabo controles por iniciativa propia o previa solicitud, en cuyo caso las empresas estarán obligadas a facilitar la información y los documentos solicitados.