Acumulación de la agenda de Derechos Humanos y Empresas en Brasil

Retrospectiva de 10 años de Homa – Centro de Derechos Humanos y Empresas

Texto por: Ana Laura Figueiredo

Siguiendo la serie Retrospectiva de 10 años de Homa, en la que destacamos los principales logros y la participación en las Agendas Global y Nacional, en este post, el último de la serie, destacaremos la acumulación de la agenda de Derechos Humanos y Empresas en Brasil a través de reflexiones sobre el Decreto nº 9.571/2018 y la participación de Homa en la producción de la Resolución nº 05/20 de la CNDH  y el PL 572/2022. 

El Decreto nº 9.571/2018, que estableció las Directrices Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos, fue la primera norma brasileña de la agenda. Su publicación fue fuertemente criticada tanto por la sociedad civil como por instituciones jurídicas que reconocieron la falta de legitimidad democrática del texto y su relación con el escenario político brasileño. El fracaso en el aspecto democrático y popular se debe a la construcción «de arriba hacia abajo», como ya se había discutido en la 1ª audiencia pública brasileña sobre Empresas y Derechos Humanos en relación con los Planes Nacionales de Acción, tema del último post. 

Los principales puntos del Decreto están relacionados con la reproducción de la lógica voluntarista de los Principios Rectores, ya que carece de claridad sobre la primacía de los derechos humanos y adopta el término ‘impacto’ para referirse a las violaciones. Junto a esto, se establece una política de premiar a las empresas que adhieran a la normativa, sin embargo, la relación entre ellas y el Estado no es muy clara y sólo se menciona la realización de acuerdos para la resolución de conflictos. No se abordan temas importantes para la agenda como el acceso a la justicia, la inversión de la carga de la prueba y se prevé el mecanismo de debida diligencia sin mencionar el alcance de las cadenas productivas. 

Frente a este escenario, la sociedad civil se ha articulado para la construcción de la Resolución nº 05/2020 del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue tomada como respuesta y contrapropuesta al Decreto. A diferencia del Decreto, la Resolución se preocupó con la acumulación existente de la Agenda Nacional de Derechos Humanos y Empresas y con la construcción participativa. De esta forma, el texto menciona principios y derechos constitucionales, pactos internacionales de los cuales Brasil es signatario y convenciones de la OIT, además de demostrar preocupación con informes y notas técnicas.

Cabe destacar que la producción del documento contó con la participación directa de la sociedad civil y que incluso fue discutido durante el VI Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas, que tuvo lugar en 2019 en Río de Janeiro. Este seminario fue organizado por Homa en colaboración con la CNDH, habiendo actuado también en la elaboración del borrador básico y en el asesoramiento al organismo durante todo el proceso.

Las principales directrices establecidas fueron la supremacía de los derechos humanos, la centralidad del sufrimiento de la víctima, la autodeterminación, el reconocimiento del poder entre los agentes involucrados, el freno a las violaciones de derechos humanos en toda la cadena productiva, la reparación pronta y plena, y la especificidad de los tratos realizados con pueblos indígenas y comunidades quilombolas.

A pesar de representar una gran conquista para la Agenda Nacional, la propia Resolución abordó la importancia de establecer una norma vinculante para la efectiva protección de los derechos de los afectados en Brasil, considerando las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas en el país. En este sentido, surge una disputa de intereses entre el gobierno, que pretende implementar un Plan Nacional de Acción brasileño basado en el texto del Decreto nº 9.571/18, y las organizaciones de la sociedad civil, como representantes de los intereses de los afectados y afectadas, que se sumaron a la elaboración del PL 572/2022 a partir de un estudio desarrollado por Homa con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Brasil. 

El proyecto, que contó con la colaboración de varias organizaciones de la sociedad civil como CUT, MAB y Amigos de la Tierra Brasil, además de movimientos sociales y parlamentarios, fue firmado por Fernanda Melchionna (PSOL/RS), Áurea Carolina (PSOL/MG), Carlos Veras (PT/PE) y Helder Salomão (PT/ES) y protocolizado el 14 de marzo, fecha significativa por ser el Día Internacional de la lucha de los afectados por represas.

A diferencia de las normas existentes en la agenda nacional, el proyecto de ley tiene un contenido amplio y denso. Si se aprueba, la ley responsabilizará a toda la cadena productiva, garantizará la reparación integral, asegurará el derecho al consentimiento, posibilitará la inversión de la carga de la prueba, entre otros mecanismos de prevención, monitoreo y reparación. El contenido es un intento de radicalización democrática dentro de la Agenda Nacional de Derechos Humanos y Empresas, siendo un hito importante y esencial para la lucha por la defensa de los derechos humanos en Brasil y en el mundo. 

Cabe mencionar que la búsqueda por la aprobación de esta Ley Marco acompaña los esfuerzos por la consolidación del Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Así, la campaña «Esta tierra tiene ley – Derechos para las personas, obligaciones para las empresas» fue lanzada por el GT Corporaciones, un grupo de trabajo de la sociedad civil, para fortalecer la movilización.