Observatorio Río Doce

• Construir articulación organizativa para el caso, trayendo diferentes sectores de la sociedad y sus representaciones nacionales (academia, instituciones religiosas, ONGs de derechos humanos y defensa ambiental, etc.); 
• Monitorear los despliegues institucionales del caso, entre ellos la nueva elaboración del pacto conducida por el Observatorio de los Desastres del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), programando reuniones, analizando documentos, tratando de facilitar el acceso de los afectados y sus organizaciones a las informaciones y a los espacios de discusiones.
• Producir informaciones sobre los más diversos aspectos de los daños causados por el rompimiento de la represa de Fundão y dar visibilidad nacional e internacional a los despliegues del caso, visando la reparación de los derechos de las personas afectadas;

La justa e integral reparación debida por las empresas involucradas a las personas y comunidades afectadas por el desastre-crimen ocurrido en la Cuenca del Río Doce.

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil y grupos académicos que se quieran involucrar con la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por el desastre-crimen de Samarco, y que no estén involucrados de ninguna manera con las empresas mineras, incluso con el recibo de financiamientos. 

El Observatorio se articula en una red de cooperación entre sus grupos, con actuación en diversos territorios afectados, que comparten entre sí informaciones sobre los eventos relativos al proceso de reparación, con intención de comprender la realidad y construir colectivamente estrategias a favor de la población afectada.

Después de sucesivos acuerdos de ajuste de conducta firmados entre las empresas y las instituciones de justicia, diversos programas de reparación, que deberían ser conducidos por la Fundación Renova, están paralizados o siquiera han sido iniciados. Diversas providencias, como la contratación de las asesorías técnicas independientes, dejaran de ser realizadas en su integralidad por parte de las empresas. En la práctica, las empresas no cumplen los acuerdos firmados entre ellas y las instituciones de justicia, y estas instituciones no han conseguido imponer el deber de cumplir tales acuerdos. Los cortes en el auxilio financiero de emergencia y las bajas indemnizaciones del nuevo sistema simplificado de indemnizaciones propagan un escenario de aumento de la vulnerabilidad de las comunidades. Diversas dimensiones como salud, medio ambiente y manutención de modos de vida son desconsideradas en la ejecución de esos acuerdos.

Para rehacer el pacto, es necesaria la participación amplia e informada de las comunidades. De igual modo, hay derechos meta individuales que no pueden ser negociados, de los cuales es deber del Estado asegurar la completa reparación integral. Aún, la garantía del amplio debate de las comunidades, la construcción colectiva de un nuevo acuerdo son aspectos llave para su efectividad. 

Hasta el momento, como fruto de un esfuerzo colectivo de diálogo con las comunidades, apuntamos las siguientes líneas generales para avanzar en la reparación:

• Programa de transferencia de ingresos con recursos destinados a combatir la vulnerabilidad social y garantizar las condiciones básicas de sobrevivencia de las familias afectadas hasta la reparación integral;

• Fundos para el Desarrollo Regional con inversiones para garantizar condiciones de trabajo en el sector agropecuario, en la cadena da pesca y en otras actividades, garantizando atención especial a las mujeres y personas negras, indígenas, con discapacidades, niños, jóvenes y mayores por medio de un fundo para el cauce del Río Doce y la costa de Espírito Santo;
• Asesoría técnica independiente con autonomía y capacidad para direccionar demandas, además de contribuir en la elaboración y acompañamiento de proyectos efectivos de reparación en cada ciudad afectada, garantizando la participación informada de las familias;
• Instrumentos de participación popular que permitan el real involucramiento de los afectados, descentralizando los espacios de decisión, actualmente concentrados en la Justicia Federal, y fortaleciendo los afectados organizados en iniciativas colectivas con el debido acompañamiento de las asesorías técnicas;
• Desarrollo, implementación y ejecución de medidas que posibiliten la continuidad de los modos y proyectos de vida y de los trabajos aún no considerados en las acciones ya creadas, implementadas y ejecutadas.
• La manutención del auxilio financiero a la población afectada mientras no sean concluidos todos los programas de reparación a ser entregados por la Fundación Renova.