Desarrollo de la Agenda Nacional y la necesidad de una Ley Marco

Texto por: Ana Laura Figueiredo

Continuando con la serie sobre la Agenda Nacional, en este post abordaremos el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Acción (PNA) brasileño basado en el desarrollo de la agenda en el territorio nacional y el establecimiento de su relación con la necesidad de una Ley Marco de Derechos Humanos y Empresas, hoy en curso con el PL 572/2022.

De lo ya comentado sobre los PNAs existentes, cabe decir que hasta el momento no hay un buen ejemplo de creación por factores relacionados con su función principal, que es la difusión de los Principios Orientadores, y por la falta de transparencia y participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración.

Desarrollo de la Agenda Nacional

La agenda de Derechos Humanos y Empresas ganó mayor prominencia en el escenario nacional en 2012 cuando se lanzó la «Campaña Global para Recuperar la Soberanía del Pueblo, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad» durante un evento celebrado en la Cumbre de los Pueblos. Poco tiempo después, Brasil se abstuvo de votar sobre el tema, lo que llevó a la articulación de la sociedad civil en la creación de un grupo de trabajo, conocido como GT Corporaciones. El acercamiento de este grupo con el gobierno permitió descubrir el desarrollo de estudios para la estructuración de un plan.

Con el avance de las negociaciones internacionales para un tratado en la materia, se hace clara la posición de Brasil de alinearse con los intereses de la Unión Europea. Esta alineación revela la perpetuación de normas voluntarias basadas en los Principios Orientadores y una resistencia a la adopción de una Ley Marco y la elaboración de normas internacionales vinculantes.

En 2017 hubo un evento significativo para el tema, la audiencia pública «Derechos Humanos y Empresas: cuál es la política pública que necesita Brasil» promovido por la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos (PFDC) en alianza con GT Corporations. La audiencia contó con el testimonio de varios afectados y con la participación de organizaciones de la sociedad civil que en ese momento también realizaron una evaluación del colapso de la Represa Fundão.

Mientras la sociedad civil buscaba participar en el desarrollo de las políticas públicas en diciembre de 2018, se publicó el Decreto No. 9571/2018, analizado en otro post, que representó una derrota para la acumulación producida. El decreto representa la llamada construcción «de arriba hacia abajo», es decir, una que fracasa en términos de democracia participativa. La Resolución CNDH No. 5/2020 fue desarrollada en respuesta al decreto, aunque los lineamientos establecidos no tienen el poder de obligar a gobiernos o a las empresas.

El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Derechos Humanos y Minorías, realizó una Audiencia Pública para atender las recomendaciones de Derechos Humanos y Empresas (creando la PNA brasileña) de la RPU, Revisión Periódica Universal, que es un mecanismo de las Naciones Unidas encargado de analizar la situación interna de los Derechos Humanos en los estados miembros de la ONU. A la sesión asistieron organizaciones de la sociedad civil, incluida Homa, así como representantes del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. La representación del Ministerio exaltó el Decreto No. 9.571/2018 y defendió su campaña denominada “Sea Responsable», que busca la adhesión voluntaria de las empresas a los lineamientos estipulados. A partir del discurso de los representantes se pudo identificar la intención del gobierno de construir un plan de acción nacional basado en principios orientadores y la lógica voluntaria, ya que durante la exhibición de las etapas, que hará factible su construcción, hubo una enmienda al decreto ya rechazada y considerada un error por las organizaciones de la sociedad civil. Además, el gobierno reafirmó su iniciativa de recompensar a las empresas con sellos, citando el programa de premios «empresa familiar». La promesa de diálogo con la sociedad también fue vista con gran temor, dado el historial de actuación del Gobierno Federal en la zona y la ausencia de diálogo hasta el momento.

Necesidad de una Ley Marco de Derechos Humanos y Empresas

Del breve análisis realizado sobre el desarrollo de la Agenda Nacional y el proceso en curso para la elaboración de un PNA brasileño, es posible afirmar que la perpetuación de instrumentos basados ​​en el voluntarismo y la responsabilidad de las empresas no permitirá avanzar en su responsabilidad y en la protección de Los Derechos Humanos. Por ello, entre otros, como las lagunas en la legislación en la materia, la elaboración de una Ley Marco, que es un instrumento vinculante, a partir del conocimiento y el trabajo producido por las organizaciones de la sociedad civil en alianza con los organismos gubernamentales, sería la mejor alternativa para la agenda. La propuesta fue presentada por primera vez por Homa y por FES-Brasil durante la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados, que publicó en junio de 2021 un documento sobre la necesidad y viabilidad del marco.

En el próximo post, analizaremos el reciente logro que fue la presentación del PL 572/2022 como marco nacional de la Agenda de Derechos Humanos y Empresas, además de aspectos importantes de su contenido que se derivan de la contextualización realizada a lo largo de la serie.

Para comprender mejor la importancia de una Ley Marco de Derechos Humanos y Empresariales, lea nuestro documento (disponible en portugués):