El valor del “consenso” en la elaboración de normas sobre Empresas y Derechos Humanos

Manoela Carneiro Roland[1]

 

1.   Introducción

Al pensar en un nuevo orden internacional a partir del fin de la segunda guerra mundial, verificamos la necesidad de avanzar en los postulados tradicionales, o clásicos del Derecho Internacional, en lo que se refiere, principalmente, a sus fundamentos estado-céntricos, relacionados con la prevalencia de la lógica de “mercado”, así como a una perspectiva individualista de los Derechos Humanos. Manteniéndose en estas orientaciones, el Derecho Internacional falla en proveer las respuestas necesarias para las crecientes violaciones de Derechos Humanos perpetradas por empresas, particularmente transnacionales. De esta forma, se exigen innovaciones en el abordaje jurídico internacional, considerando que los intereses económicos de las grandes empresas influyen intensamente en el arduo equilibrio entre la actuación de los Estados desarrollados y de aquellos en desarrollo.

En esa nueva dinámica internacional, los Estados emergentes se vuelven sujetos a la injerencia política tanto de los Estados hegemónicos cuanto de las transnacionales. Se convierten, por lo tanto, rehenes de los intereses del mercado financiero. En ese sentido, desde los años 70, los Estados periféricos lidian con inestabilidades democráticas resultantes de la sumisión de su proceso político interno a los intereses de agentes económicos internacionales.

De modo complementar, se sugiere una redefinición del protagonismo susceptible de ser ejercido por la sociedad civil. Eso incluye la elaboración de instrumentos normativos a partir de las demandas populares (desde abajo hacia arriba), en contraposición a lo que sucede en el Derecho Internacional Público tradicional, marcado por la elaboración normativa exclusiva de los representantes políticos, alejados de la realidad de las poblaciones afectadas.  Se suma al hecho de que el llamado “consenso”, hasta tanto figura como señal de recepción de normas internacionales de Derechos Humanos, como en el Consejo de Derechos Humanos, no representando, sin embargo, el resultado de las demandas de los pueblos y poblaciones afectadas por violaciones de Derechos Humanos. Se configura, en realidad, meramente, un recurso formal de afirmación de los parámetros ya admitidos por los standards normativos dominantes.

Lo que se propone, de esa forma, es la superación del Derecho Internacional Clásico, fundado en la perspectiva estado-céntrica. Como será mejor aclarado, el sistema normativo existente hoy es una arquitectura global que protege a los intereses corporativos, siendo incapaz de controlar las actividades de las empresas transnacionales, convirtiéndose en sujetos de derechos sin la exigencia de una contrapartida de deberes – lo que atinge, especialmente, a los pueblos en el llamado “Sur Global”.

En los últimos 40 años, la influencia de las grandes corporaciones en las más variadas esferas (económica, política, cultural, etc.) ha contribuido para la construcción de un panorama internacional en el cual las transnacionales poseen más poder de negociación que muchos Estados (Zubizarreta, Ramiro, 2016).

El poder político de las transnacionales es puesto en evidencia tanto en los países en que establecen sus sedes, cuanto en los países receptores de su cadena de producción. El desmantelamiento de los derechos sociales y el lobby que ejercen sobre las instituciones financieras son algunas de las prácticas que contribuyen para el acercamiento entre el público y el privado, que suele favorecer a los intereses empresariales (Zubizarreta, Ramiro, 2016).

Además, los derechos de las transnacionales son protegidos por un sistema jurídico global de inversiones de carácter mandatorio, al paso que los deberes de esas corporaciones no cuentan con una regulación normativa capaz de amenizar los impactos de sus actividades – los abordajes de soft law son demasiado insuficientes para tanto (Zubizarreta, Ramiro, 2016)). Existe, pues, un desequilibrio entre la garantía de los derechos de las transnacionales y la garantía de los Derechos Humanos de las poblaciones que son atingidas por ellas.

Los tribunales internacionales arbitrales ejercen un papel central para la consolidación de la lex mercatoria. Mientras el Derecho Internacional de los Derechos Humanos enfrenta dificultades para imponer su efectividad, la Organización Mundial del Comercio (OMC), por otro lado, posee un eficiente sistema de resolución de litigios, así como mecanismos arbitrales previstos en tratados de comercio e inversiones. Más aún, las sanciones de la OMC difícilmente son incumplidas cuando llevan al temor de un bloqueo económico internacional (Zubizarreta; Ramiro, 2016).

Otro aspecto que contribuye para el desfase entre la protección de los derechos humanos y la protección internacional de las transnacionales dice respecto a la nueva generación de abogados altamente calificados que, teniendo acceso a inúmeros canales de poder y toma de decisiones, priorizan el lobby político en detrimento de la ética profesional (Zubizarreta, Ramiro, 2016). Eso pone en evidencia, incluso, la ineficacia del acceso a la justicia para las poblaciones afectadas por las violaciones de las transnacionales – a fin de cuentas, los afectados no tienen fácil acceso al auxilio jurídico altamente especializado.

Otro punto importante se relaciona con el hecho de que la legislación internacional de Derechos Humanos se aplica, actualmente, a las empresas transnacionales solamente por medio de la actuación de los Estados. Eso quiere decir que la responsabilización de esas corporaciones por violaciones de Derechos Humanos depende de las legislaciones nacionales, de modo que ellas estarán sujetas apenas a la legislación nacional del país en donde su sede se establece (Zubizarreta, Ramiro, 2016)

En el presente artículo, por lo tanto, después de una reflexión sobre los cambios provocados por la globalización, tanto en el orden económico, cuanto en la política internacional, a través de un análisis de la evolución histórica de la llamada “agenda de empresas y Derechos Humanos en las Naciones Unidas”, será concedido destaque a la importancia del papel desempeñado por la sociedad civil en este proceso, como ejemplo de una dinámica de producción normativa,  de “abajo hacia arriba”,  posible y eficaz, destinada a enfrentar la  impunidad empresarial, así como la invisibilidad de las luchas sociales, forneciendo, al mismo tiempo, alternativas para el modelo desarrollo, violento y excluyente, que prevalece, especialmente para el Sur Global. Tal modelo, según Balakrishnan Rajagopal (2005) habría “capturado” los Derechos Humanos, retirando de sus fundamentos gran parte de su potencial de resistencia y transgresión.
En la conducción de esa agenda de empresas y Derechos Humanos, se observa que el papel de la sociedade civil se ha vuelto más relevante durante la negociación del Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, a partir de la adopción de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, em 2014, en contraposición al paradigma consolidado a partir de la adopción por “consenso” de los Principios Rectores de John Ruggie, en 2011.

Esta dinâmica en el marco de negociación del Tratado, a su vez, está más cerca de atender a la perspectiva crítica de rescate del potencial emancipatorio de los Derechos Humanos, como señala el professor Joaquin Herrera Flores, el cual debería ser un ejercicio de traducción de las demandas de los movimientos sociales, de las base.

[1] Profª Drª Manoela Carneiro Roland – Coordinadora del Homa, Centro de Derechos Humanos y Empresas de la Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil (www.homacdhe.com).