{"id":16314,"date":"2022-11-30T08:02:47","date_gmt":"2022-11-30T10:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/homacdhe.com\/?p=16314"},"modified":"2025-06-23T12:39:00","modified_gmt":"2025-06-23T15:39:00","slug":"directiva-de-la-union-europea","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/homacdhe.com\/index.php\/2022\/11\/30\/directiva-de-la-union-europea\/","title":{"rendered":"Directiva de la Uni\u00f3n Europea"},"content":{"rendered":"

\u00a0Diligencia Debida: una realidad normativa en la Agenda de Derechos Humanos y Empresas<\/span>\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Texto por: Ana Laura Figueiredo<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

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En esta nueva serie del blog vamos a abordar la diligencia debida, incorporada por los Principios Rectores de la ONU, y algunas normativas aprobadas o en discusi\u00f3n que se volvieran referencia para el estudio del tema y buscan transformar su aplicaci\u00f3n. Por lo tanto, vamos a analizar la<\/span> Ley Francesa de Vigilancia<\/b> (<\/span>Loi de vigilance<\/span><\/i>), la<\/span> Directiva de la Uni\u00f3n Europea<\/b> (<\/span>Directive on Corporate Sustainability Due Diligence)<\/span><\/i>, la <\/span>Ley de Diligencia Debida Alem\u00e1n <\/b>(<\/span>Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains<\/span><\/i>) y, por fin, otros instrumentos normativos que pretenden abordar la responsabilizaci\u00f3n de la cadena de valor m\u00e1s all\u00e1 de la\u00a0 diligencia debida, por ejemplo el <\/span>PL 572\/2022, <\/b>t\u00f3pico de otra<\/span> serie en la que explicamos la Agenda Nacional y su proceso de construcci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Antecedentes<\/span><\/p>\n

En este post, el foco es la <\/span>Directiva de la Uni\u00f3n Europea<\/b>, <\/span>Directive on Corporate Sustainability Due Diligence<\/span><\/i> o Directiva de Diligencia Debida para Sostenibilidad de las Empresas, que actualmente sigue en an\u00e1lisis para su aprobaci\u00f3n por el Consejo y el Parlamento Europeo, tras una iniciativa de la Comisi\u00f3n de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. Ese movimiento fue la celebraci\u00f3n, a principios de 2020, de una consulta p\u00fablica sobre la existencia de una intenci\u00f3n de desarrollar una legislaci\u00f3n obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos para la UE. Con el apoyo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas, tras un largo periodo de debates y con el fin de la consulta, la propuesta se remiti\u00f3 para su aprobaci\u00f3n y, si \u00e9sta se produce, cada Estado miembro tendr\u00e1 dos a\u00f1os para incorporar la directiva y comunicar a la Comisi\u00f3n las producciones legislativas nacionales de adecuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Incluso antes de que surgiera la necesidad, la Uni\u00f3n Europea ya hab\u00eda emitido directivas relacionadas con el tema, como <\/span>la Directiva 2014\/95\/UE, que aborda la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n<\/b> sobre cuestiones medioambientales, sociales y de trato a los empleados, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupci\u00f3n y la diversidad en la composici\u00f3n de los consejos de administraci\u00f3n por parte de las empresas p\u00fablicas de m\u00e1s de 500 empleados. Adem\u00e1s, cabe mencionar <\/span>la Resoluci\u00f3n del Parlamento Europeo sobre la Iniciativa n\u00ba 2016\/2140 de la Uni\u00f3n Europea, que recomienda la adopci\u00f3n de una legislaci\u00f3n obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos para el sector textil.\u00a0<\/b><\/p>\n

Puntos Principales de la Directiva\u00a0<\/span><\/p>\n

En cuanto al texto de la propuesta de Directiva, su aplicaci\u00f3n se limita a las empresas con m\u00e1s de 500 empleados y un volumen de negocio global de 150 millones de euros, y a las empresas con m\u00e1s de 250 empleados y un volumen de negocio superior a 40 millones de euros si la mitad del negocio que la representa procede de sectores de alto riesgo como el textil, la agricultura y la miner\u00eda. De este modo, <\/span>la directiva s\u00f3lo afecta a las grandes empresas, que representan alrededor del 1% de las empresas de la Uni\u00f3n Europea<\/b>, ya que la mayor\u00eda son peque\u00f1as o medianas. <\/span>En cuanto a pa\u00edses terceros, las empresas afectadas siguen la norma de tener un volumen de negocios de 150 millones de euros o 40 millones de euros para las empresas del sector de riesgo.<\/b><\/p>\n

Otro punto que merece la pena destacar es la <\/span>obligaci\u00f3n de establecer un plan<\/b> junto con la <\/span>atribuci\u00f3n de funciones a un director<\/b> que deber\u00e1 supervisar la aplicaci\u00f3n de los procesos de diligencia debida. Estos procesos se llevar\u00e1n a cabo mediante la <\/span>supervisi\u00f3n administrativa y la responsabilidad civil<\/b>, que son responsabilidad de los Estados miembros, ya que deben designar la autoridad para supervisar e inspeccionar, adem\u00e1s de garantizar la compensaci\u00f3n a las v\u00edctimas en caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Cabe mencionar que la actividad de los administradores deber\u00e1 ser regulada por las normas internas vigentes, ya que la Directiva no prev\u00e9 la ejecuci\u00f3n en caso de incumplimiento de las obligaciones atribuidas a los administradores.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del medio ambiente, <\/span>el texto no se profundiza en los marcos existentes, como el Acuerdo de Par\u00eds, limit\u00e1ndose a replicar los objetivos establecidos<\/b>, adem\u00e1s de no prever normas m\u00e1s claras en cuanto a la responsabilidad. Asimismo, <\/span>el texto no aporta mejoras en cuanto al acceso a la justicia y la reparaci\u00f3n integral<\/b>. As\u00ed, las organizaciones y movimientos sociales que buscan el fin de la impunidad empresarial temen que la propuesta sea s\u00f3lo un instrumento para evitar regulaciones m\u00e1s estrictas en materia de protecci\u00f3n de los derechos humanos, sirviendo entonces para beneficiar a las propias empresas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Industria del gas en Cabo Delgado<\/span><\/p>\n

Situado en la regi\u00f3n norte de Mozambique, Cabo Delgado alberga la industria del gas que, a trav\u00e9s de las empresas transnacionales, extrae y explota combustibles f\u00f3siles a costa de la violaci\u00f3n de los derechos humanos con <\/span>la p\u00e9rdida de los medios de subsistencia de las comunidades, la destrucci\u00f3n del medio ambiente y el agravamiento de la crisis clim\u00e1tica. <\/b>Cabe mencionar que la instalaci\u00f3n de estas empresas se realiza a trav\u00e9s de concesiones estatales, cuyo gobierno es objeto de acusaciones de corrupci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

Justi\u00e7a Ambiental (JA!)<\/span><\/a> y <\/span>Amigos de la Tierra Internacional<\/b> est\u00e1n implicados en el caso en un intento de garantizar los derechos de los afectados, que hasta el momento representan aproximadamente 550 familias desplazadas y en situaci\u00f3n de inseguridad alimentaria, ya que han perdido la posibilidad de vivir de renta de la agricultura familiar y de la pesca, al ser ubicados en espacios que no dan acceso al mar y que representan una m\u00ednima porci\u00f3n del tama\u00f1o de sus territorios locales.\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de la clara violaci\u00f3n de derechos con la reubicaci\u00f3n de la comunidad sin el derecho al consentimiento, <\/span>la militarizaci\u00f3n del s\u00edtio a petici\u00f3n de las empresas transnacionales representa una propagaci\u00f3n de la violencia<\/b>. Adem\u00e1s de la exposici\u00f3n de la integridad f\u00edsica de las comunidades, la instalaci\u00f3n de las empresas genera peligros para la salud y el medio ambiente. Cabe mencionar que ha habido varios casos de violencia contra periodistas y que la regi\u00f3n fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Mozambique, lo que demuestra la alta incidencia de la injusticia social y la violencia.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

La aprobaci\u00f3n de la Directiva de la Uni\u00f3n Europea tendr\u00eda una gran repercusi\u00f3n en el caso, ya que las empresas implicadas tienen su sede en varios pa\u00edses del bloque, entre ellas la <\/span>multinacional italiana<\/b> Eni <\/i><\/b>en el mercado de la energ\u00eda, <\/b>Total<\/i><\/b>, que es francesa y una de las mayores petroleras, y <\/b>Galp<\/i><\/b>, empresa portuguesa tambi\u00e9n del sector energ\u00e9tico<\/b>. Tambi\u00e9n est\u00e1n implicadas <\/span>Anadarko, Shell, ExxonMobil, Chinese National Petroleum Corporation, Bharat Petroleum, Korea Gas Corporation <\/span><\/i>y <\/span>Mitsui<\/span><\/i> que, sin embargo, no se ver\u00edan afectadas por la ley.<\/span><\/p>\n

En el pr\u00f3ximo post de la serie continuaremos el an\u00e1lisis de las normativas de diligencia debida en materia de derechos humanos, centr\u00e1ndonos en aquellas que no son espec\u00edficas y que contienen disposiciones sobre el tema. As\u00ed, aportaremos puntos sobre el <\/span>PL 572\/2022<\/b> (<\/span>Lei Marco Nacional de Direitos Humanos e Empresas<\/span><\/i>), la <\/span>Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido <\/b>(UK Modern Slavery Act)<\/span><\/i> y la <\/span>Ley de Diligencia Debida del Trabajo Infantil de los Pa\u00edses Bajos <\/b>(Dutch Child Labour Act)<\/span><\/i>.\u00a0<\/span><\/p>\n

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